Las Diputaciones asumirán en solitario las prestaciones a los dependientes moderados que entren al sistema este año tras el recorte del Gobierno central.

La Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia cumplió hace unos días su quinto aniversario siendo noticia por los recortes para los nuevos dependientes de grado moderado. Sin embargo, en Bizkaia y Araba, las diputaciones forales han decidido no aplicar la moratoria decretada por el Ejecutivo del PP y dar acceso a las ayudas correspondientes a las personas que hayan sido valoradas como dependientes moderados (grado 1 nivel II).

Pocos días antes de que la ley cumpliera cinco años, el Congreso de los Diputados convalidó el decreto ley de medidas urgentes de orden económico y social, que supone la ratificación del aplazamiento a 2013 de la entrada de dependientes moderados al Sistema Nacional de Dependencia (SAAD). En la mayor parte de las comunidades autónomas la moratoria oficial viene a convalidar una paralización durante 2012 en la incorporación de nuevos dependientes al sistema de prestaciones. Mientras que en el País Vasco -una de las pocas comunidades que el año pasado siguió aplicando la ley y ampliando la nómina de beneficiarios- la paralización en el acceso a las ayudas no tendrá efecto, aunque eso suponga que las diputaciones de Bizkaia y Araba tendrán que cubrir todo el coste.

La Diputación de Bizkaia informó de que este año asumirá el pago de la prestación que corresponde a las personas dependientes en grado moderado a pesar de que el Gobierno, con el objetivo de recortar gastos y reducir el déficit público, ha establecido una moratoria en la incorporación de nuevas categorías de beneficiarios. Eso supondrá para la institución foral "un desembolso de 1,5 millones de euros más de lo previsto para el cumplimiento de la Ley de Dependencia". Según datos de la Diputación vizcaina, actualmente cerca de 2.000 personas cobran la prestación por el citado grado de dependencia y se estima que las nuevas incorporaciones al subsidio durante 2012 superen en Bizkaia las 1.800 personas.

Por su parte, la Diputación de Araba también mantendrá este año las ayudas a los dependientes moderados. La diputada de Servicios Sociales, Marta Alaña, explicó que el Ejecutivo foral, que el pasado año certificó a 547 personas como dependientes de grado I nivel II, mantendrá las ayudas a este colectivo y a los nuevos ciudadanos a los que se les reconozca este grado de dependencia. La Diputación alavesa ha reservado en los Presupuestos de 2012 un total de 40,5 millones de euros (3,3 millones más que en 2011) para cubrir la aportación de estas ayudas para todos los grados de dependencia.

En Gipuzkoa la decisión sobre si aplicar o no el decreto aprobado en Madrid aún está sobre la mesa, aunque el PSE ha presentado en las Juntas Generales de este territorio una propuesta para que la cámara rechace la moratoria sobre los dependientes leves y moderados.

Desde que entrara en vigor la Ley de Dependencia, las personas dependientes de Bizkaia han percibido ayudas por importe de 38,4 millones de euros. En el caso de los dependientes moderados, las prestaciones más habituales son para cuidados en el entorno familiar y el servicio de ayuda en el domicilio.

La moratoria en el reconocimiento de dependientes, aprobada el pasado 30 de diciembre por el Consejo de Ministros y que forma parte del paquete de ajustes del Gobierno del PP, supone que se aplaza a 2013 la introducción de nuevas categorías de beneficiarios al SAAD. Afecta a los dependientes moderados (grado 1, nivel II) que, de acuerdo al calendario, debían beneficiarse de estas prestaciones a partir de 2012. Según los primeros cálculos, el aplazamiento afectará este año a más de 30.000 personas en el conjunto del Estado, mientras que la entrada de dependientes leves (grado 1 nivel I), que queda aplazada hasta 2014, repercutirá sobre unas 250.000 personas. Los dependientes grado 2 y 3 -los más graves- no se verán afectados.

En 2011, aunque no había decretada una moratoria, la entrada de nuevos beneficiarios al sistema se mantuvo prácticamente estancada. De hecho, solo en cuatro autonomías -País Vasco, Castilla y León, La Rioja y Cantabria- hubo incorporaciones. Según el VII Observatorio Estatal para la Dependencia, durante el pasado ejercicio se detectó una "paralización y estancamiento" de la aplicación de la Ley, ya que en algunas comunidades autónomas ni siquiera se aplicó la tasa de reposición. Esta percepción queda avalada por los datos: el promedio mensual de nuevas personas atendidas por el sistema de dependencia pasó de una media de entre 17.000 y 28.000 personas en el trienio 2008-2010 a 6.600 en 2011; las solicitudes de evaluación y prestaciones, que tenían un promedio mensual de 30.000, cayeron a 10.000 durante el año pasado.