El presidente de Facema, Antonio Gallardo, explicó que entre unas 90 y 100 residencias de mayores pequeñas y medianas "se verán abocadas al cierre" si la Junta no flexibiliza estos requisitos, pues los empresarios "no sólo no tienen potestad económica para afrontarlos, sino que, en la mayoría de los casos, es imposible por una mera cuestión de espacio físico disponible".

Según Gallardo, la orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros para mayores en situación de dependencia establece unas exigencias "demasiado duras, muy por encima de las de otras comunidades autónomas".

La acreditación establece unos requisitos y estándares de calidad sin los cuales no es posible la concertación de plazas por parte de la Administración Autonómica --en el caso de centros privados concertados-- o la prestación de servicios a personas en situación de dependencia --en el caso de centros privados sin concertación--. Estos requisitos se refieren a recursos materiales y equipamientos, recursos humanos y documentación e información.

Por ello, el presidente consideró que la Ley de la Dependencia "ha impuesto una prestación de servicios que no se corresponde con la realidad" y que afecta especialmente a las pequeñas y medianas residencias, de las que Facema gestiona más de 80 por ciento de las existentes en Andalucía.

Así, consideró que "lo lógico hubiera sido que la normativa hubiera hecho hincapié en la calidad de la atención y no tanto en la faceta técnica de la edificación", pues, en su opinión "parece que quieran equiparar a una residencia con un hospital cuando es evidente que no tienen nada que ver".

La mayoría de estos empresarios, subrayó, llevan casi 20 años acreditados y atendiendo a los mayores y, además, "aliviando la listas de espera" de los centros gestionados por la Junta. "Por ello, ven con pena y consideran un desagravio que se les pueda dar de lado por no cumplir unos requisitos que en muchos casos se traducen en unos pocos metros de diferencia en un pasillo que no obstaculizan en absoluto la movilidad del usuario", lamentó.

El cierre de estas empresas no sólo supondría una "catástrofe" para el empleo en el sector, máxime en un momento de crisis económica como el actual, sino que también "incidiría en el incremento de las listas de espera para acceder a una plaza residencial concertada con la Administración", aseguró Gallardo, quien cifró el tiempo de espera actual en aproximadamente un año.

Además, lamentó el presidente, con el cierre de estos centros, muchos de los mayores a los que ahora atienden, la mayoría de 80 años de edad y evaluados como grandes dependientes (Grado III, nivel I y II) "tendrán que marcharse a otra residencia, lo que supondría un deterioro muy grave de su estado, porque será para ellos como salir de su casa", lamentó.

No obstante, apuntó que "de ser inevitable" el cierre de alguna de estas residencias, la Junta podría contemplar la posibilidad de darles un uso alternativo, por ejemplo, de viviendas tuteladas.