El Gobierno podría dejar en suspenso el desarrollo de la Ley de Dependencia por la falta de fondos consignados en los Presupuestos Generales del Estado para cubrir los nuevos servicios recogidos en esta ley. Así, al menos, se lo ha planteado el Departamento de Acción Social de la Generalitat, que dirige Carme Capdevila, tras constatar que los Presupuestos Generales para 2009 destinan a esta partida 18 millones de euros a Cataluña, a los que se sumarían otros 18 millones de la Generalitat, una cantidad que la Consejería considera insuficientes.

Los republicanos ya han denunciado en varias ocasiones el desarrollo de la Ley de Dependencia. Aseguran que el Gobierno socialista ha incumplido sus compromisos al dotar insuficientemente las partidas para desarrollar esta norma. Un desarrollo que depende de las Comunidades Autonómas, puesto que es la Generalitat la que debe garantizar las ayudas y servicios consignados en la ley. Y por tanto, la administración que sufre el desgaste de los incumplimientos derivados de la falta de medios.

En estas condiciones, el desarrollo de la norma estatal, que el próximo año debe ampliar el número de beneficiarios con los dependientes de Grado II, amenaza con convertirse en nuevo caballo de batalla dentro del ejecutivo catalán.

Capdevila había fijado entorno a los 200 millones de euros el presupuesto necesario para responder a todas las solicitudes de ayudas que implica el desarrollo de la Ley de Dependencia. En este segundo año de aplicación debía empezar a dar servicio a los dependientes de segundo grado, pero con los 36 millones de euros previstos, el Departamento no considera viable ampliar el catálogo de servicios, como prevé la ley.

Sin embargo, la ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera, aseguró en el Congreso que el Gobierno «va más allá de lo que dice la memoria económica de la Ley, superando lo que la citada memoria marcaba para los años 2008 y 2009». La norma asignaba 979 milones de euros para su desarrollo en 2009, mientras que los Presupuestos Generales presentados por Pedro Solbes destinan finalmente 1.158 millones de euros.

En Cataluña aún hay más de 22.000 personas que esperan recibir las prestaciones que les reconoce la ley, y muchos de ellos ya están fuera del plazo de seis meses que establece la norma. De las 124.000 solucitudes de atención recibidas por la Consejería, sólo 30.000 demandantes con el grado máximo de discapacidad están recibiendo la ayuda prometida. Ese era el número de solicitudes previsto por la Consejería para el primer año de aplicación de la ley. Pero esas previsiones se han visto totalmente desbordadas.

De cumplirse esta medida, la Generalitat sería la primera comunidad autonóma en bloquear el desarrollo de la ley estrella del Gobierno de Zapatero. Este texto ha provocado quejas también de otros gobiernos autonómicos porque consideran que el Ejecutivo ha comprometido nuevos servicios sin garantizar los recursos correspondientes.