La Ley de Dependencia lleva en vigor año y medio, y aún se desconocen datos tan relevantes como el número de ciudadanos que tienen derecho a una prestación, o cuántos están disfrutando ya de ella.

Por tanto, la ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera, ha afirmado que, "He pedido a las comunidades que expliquen qué presupuesto han dedicado a la Ley de Dependencia. Yo voy a procurar la mayor transparencia, pero eso exige la misma transparencia por parte de las comunidades", respondió. El ministerio, antes del verano, dio un plazo de seis meses a las autonomías para que especifiquen qué servicio están recibiendo los ciudadanos.

ERC ha presentado una propuesta para modificar algunos artículos en vista de que la "cofinanciación ha saltado por los aires". En principio, el coste del sistema de Dependencia debe repartirse por igual entre el Gobierno y las comunidades, pero el diputado de ERC Joan Tardà dijo que el Ejecutivo cada vez pagará menos y las comunidades más. Algo que el Partido Popular, que aprobó la ley en su momento, ha calculado: "Para 2014, el Gobierno sólo aportará el 9%", dijo el diputado Miguel Barrachina, que fue muy duro con "el falso pilar del Estado de bienestar, un fracaso estrepitoso". Para el PP, "esto ha sido el gran negocio de Zapatero: si sale bien, se apunta un tanto, pero si sale mal envía a sus diputados autonómicos para que acusen a los Gobiernos de las comunidades de no invertir lo suficiente".

Coalición Canaria y el BNG apoya la reforma que plantea ERC, en la que se propone, entre otras cosas, una vieja fórmula de los nacionalistas catalanes: que se dé a cada comunidad según su coste de la vida. El PP lo rechazó. El PNV y CiU se abstuvieron.