El complicado proceso de trámites administrativos con el que ha nacido este nuevo derecho objetivo enmaraña el proceso y obliga a los dependientes a 'imbuirse' en una farragosa burocracia. Además, cada expediente genera 17 documentos distintos que ocupan al menos 60 folios de impresos, además de los anexos informativos correspondientes.

Sin embargo, según afirma la gerente de Servicios Sociales, Milagros Marcos, la Consejería ha intentado simplificar al máximo el papeleo que exige la ley para "agilizar" los trámites.

Muchos de estos formularios deberán ser rellenados por el propio solicitante, o en su defecto por los trabajadores de los Centros de Acción Social que se desplazarán hasta su domicilio para facilitar la labor de cumplimentar todas las casillas.

El resultado final son toneladas de papeles custodiadas en estanterías que circulan de un despacho a otro de la Gerencia a medida que la solicitud va superando los distintos trámites.

Lo que queda claro es que se trata de una Ley complicada, con un procedimiento largo, costoso y engorroso y que convierte en "misión imposible" seguir la pista de cada expediente.