Revitalizar las señas de identidad en el medio rural y que los mayores dispongan de recursos de calidad son los objetivos de la ley de dependencia ahora en debate parlamentario y que el Gobierno pretende que entre en vigor en 2007, tal como informó ayer en Benavente la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Amparo Valcarce inauguró en la ciudad el I Encuentro Nacional de Dependencia en el que se abordó, precisamente, la necesidad de esta ley, que la secretaria de Estado calificó de «revolución social» y «cuarto pilar del estado del bienestar, junto con educación, sanidad y pensiones».

Parte del camino está ya andado, también en Castilla y León, donde, a pesar de que la ley no entrará en vigor hasta el próximo año, cuenta con financiación desde el año pasado; en concreto, 3,2 millones de euros, que para este año se han convertido en 16,7 millones de euros. Amparo Valcarce destacó ayer este incremento del 421% para la región castellana y leonesa al que hay que añadir la inversión destinada al Plan de Acción para Personas Mayores y al Plan de Acción para Personas con Discapacidad, lo que suman 23 millones de euros en la región que se destinarán tanto a servicios de teleasistencia como ayuda a domicilio o atención en residencias.

La secretaria de Estado explicó que el Gobierno destinará 12.638 millones de euros a la financiación del Sistema Nacional de Dependencia en los próximos años, un esfuerzo solo equiparable al realizado para la reforma educativa hace unos años.

Más de trescientas personas participaban en el I Encuentro Nacional de Dependencia y Medio Rural que organizaba Solidaridad Intergeneracional. Esta organización no gubernamental lleva a cabo un programa piloto en coordinación con el Ministerio de Trabajo y los gobiernos de ocho comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León.

Analizar la situación actual de los mayores y dependientes en el medio rural, así como la necesidad de asumir su atención como un derecho regulado por ley era el principal objetivo de esta jornada en la que han participado especialistas de España, Portugal, Francia, Alemania y países del Este.

Las cifras de población sirvieron a la primera ponente, Carmen Tabernero, de la Universidad de Córdoba, para que los asistentes asumieran lo que la atención social a mayores supone en la actualidad y la forma en que se acrecentará el problema en el futuro, en especial en Castilla y León y en Zamora, que representan la población más envejecida, residente en buena parte en el medio rural, donde hay problemas de población, comunicaciones, movilidad, nivel de formación y donde las únicas vías de recuperación en las zonas que crecen están en la inmigración, las segundas residencias, así como su utilización como lugares de ocio y vacaciones.

La atención a los mayores por personas no cualificadas para ello es otro de los aspectos que se puso sobre la mesa, a través de la ponencia de Belén Bueno, de la Universidad de Salamanca, a la que siguió la exposición de la Ley de Dependencia por parte de Amparo Valcarce. Hizo hincapié en la discriminación que en la actualidad supone la vida en medio rural frente al urbano y en el hecho de que esté diferenciado residir en una comunidad o en otra, algo que la nueva ley evitará igualando los derechos de todos a la atención social.

La directora general de Atención a Mayores de Asturias, María Jesús Elizalde, expuso un programa experimental que se desarrolla en el Principado desde el 2001 y que acerca tanto la comida a domicilio, como biblioteca móvil y actividades que eviten el aislamiento de los mayores. Ana Isabel Esteban, presidenta de la asociación anfitriona, presentó el próximo proyecto, un portal del mayor con información de ayudas y servicios, que entrará en funcionamiento este año.

El resto del programa sirvió para comparar la atención social a mayores en distintos países de Europa en cuanto a gasto y sistema de ayudas y atención, aunque también se pusieron de relieve los fracasos en este tipo de prestación y las carencias aún existentes en todos ellos; en especial en algunos, de manera que si Portugal tuvo un mensaje poco optimista, el panorama de los países del Este o Rusia reflejó que aún queda mucho por hacer y, como afirmó la parlamentaria alemana Heidi Merk, «se gasta en guerras y no hay para gasto social».