Horas después de conocer la propuesta que el Gobierno, en el programa de estabilidad 2009-13,  ha enviado a la Comisión europea, el Ministerio de Economía ha suprimido el texto que sugería ampliar de 15 a 25 los años de cotización.

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El Ministerio de Economía precisa en un comunicado que el Gobierno "no ha propuesto ampliar" en diez años el cómputo de las pensiones de jubilación y asegura que se trataba de una "simulación" que ha podido interpretarse como una propuesta concreta. Por ello, añade, se ha eliminado el ejemplo del documento, y así se ha comunicado a la Comisión Europea.

Según la primera versión del documento, el Gobierno calculaba que cada año de retraso en la edad legal de jubilación reduciría el gasto en pensiones en un punto del PIB. Añadía que si se ampliara el número mínimo de años cotizados para obtener una pensión, se produciría un ahorro adicional de dos décimas del PIB.

Concretamente, el texto afirma que cada año que se retrasa la edad legal de jubilación se reduce en un punto del PIB el gasto en pensiones; cada año que se amplía el número mínimo de años para obtener una pensión se obtiene una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales. Por tanto, si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros y si, además, se aumenta en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos porcentuales sobre el PIB a partir de 2030. Esto supondría una mejora muy sustancial del indicador de sostenibilidad (S2) que elabora la Comisión Europea; en concreto, el componente que recoge el gasto asociado al envejecimiento se situaría entre los más bajos de Europa".

En la actualidad, el cálculo de las pensiones se realiza en función de las ganancias del trabajador durante los 15 últimos años previos a la jubilación. Ampliando la base a 25 años se reducirán las pensiones de aquellos trabajadores que hayan tenido cotizaciones más elevadas durante sus últimos años laborales y se mejoran aquéllas de quienes por distintas razones no han trabajado durante esos últimos años.

La medida favorecería, por ejemplo, a aquellos trabajadores mayores de 50 años que pierden su trabajo y no logran ser contratados, pero perjudicaría a las personas que han tenido éxito en el ocaso de su vida laboral.